Mauricio Viloria y Diana Ortiz Viloria, de MECoPA, hablan sobre la necesidad de reconocer el camino en el que las restricciones impuestas a la migración forzada aumentan los riesgos en la salud pública.

En Inglés

En diciembre de 2020, el presidente de Colombia Iván Duque y sus autoridades anunciaron que la población en situación de irregularidad migratoria no sería vacunada. Esta situación afecta a personas de origen continental y extracontinental asentadas o en tránsito. La decisión constituye una vulneración al derecho humano a la salud y la vida de las comunidades migrantes y receptoras.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó durante 2020 que América Latina y África son las regiones donde personas migrantes y con necesidades de protección internacional han sido más afectadas por las restricciones a la movilidad surgidas en el actual contexto de salud pública global.

Las crisis sociales, económicas, la violencia sociopolítica y otras formas de violencia generalizada no se han reducido en los países de origen; los flujos mixtos de poblaciones forzadas a migrar continúan vigentes en Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, entre otros países de la región. Sin embargo, la gran mayoría de las fronteras terrestres permanecen cerradas para migrantes forzados, al tiempo que se abren aeropuertos para turistas internacionales.

Las condiciones de vida de un porcentaje importante de migrantes y personas con necesidades de protección internacional se han deteriorado en los países de recepción. Su vinculación mayoritaria con las economías informales, las limitadas o inexistentes políticas de asistencia que les incluyan y la reducción de sus redes vinculares y familiares de apoyo les impide sobrevivir en condiciones apropiadas en el actual contexto de la pandemia. Los retornos forzados por las circunstancias aparecen como otro componente en la movilidad regional.

La pandemia ha exacerbado una dicotomía compleja entre salud-vida y control-restricción. Sin duda, las medidas de control son necesarias para reducir los impactos negativos en la salud y en la vida, en momentos en los que aún faltan respuestas sobre cómo y cuándo superaremos esta situación. Los hechos han demostrado que la ausencia de políticas públicas que favorezcan la protección de la salud genera mayores niveles de incidencia y costo en vidas. Sin embargo, las medidas de control-restricción aplicadas sin análisis de contexto y sin conocimiento de las necesidades diferenciales de las poblaciones no solo son ineficientes, sino que también implican riesgos y regresiones en materia de derechos y libertades.

Las restricciones a la movilidad, a la regularidad migratoria y a la protección internacional han demostrado en el pasado ser ineficaces para frenar los desplazamientos humanos y, por el contrario, favorecen los flujos irregulares, los tránsitos peligrosos y alientan el tráfico y la trata de personas. El contexto actual no es la excepción de estas realidades y, por el contrario, los tránsitos e ingresos inseguros amplían los riesgos en la salud pública. 

Las restricciones y los impactos sanitarios, sociales y económicos los sufren de manera especial las poblaciones más vulnerables y, entre ellas, migrantes empobrecidos, refugiados/as y solicitantes de asilo.

Reconocer estas realidades debería permitir pensar políticas para la movilidad y la protección internacional que reconozcan la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas, que den respuestas diferenciadas y adecuadas a los contextos y que fortalezcan los compromisos en materia de protección.

Toda medida que condicione o limite el acceso a derechos, particularmente el de la movilidad, es inadmisible excepto si tiene un impacto efectivo y positivo en el bienestar de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, sería deseable que la restricción de algunos derechos sea correlativa a la ampliación de otros de igual relevancia. En el momento actual sería importante  que los Estados garanticen de la forma más amplia el acceso a la salud de todas las personas que lo requieran, sin exclusiones por su condición social, origen, situación migratoria o estatus de protección internacional.

Mauricio Viloria, a Colombian refugee currently living in Argentina, is a human rights advocate and an activist.  He is co-founder of the Collective of Colombian Migrants and Exiles for Peace (MECoPA) in Argentina and co-founder of the Network of Colombian Victims for Peace in Latin America and the Caribbean (REVICPAZ-LAC).

Diana Ortiz Viloria has worked closely with the internally displaced population in Colombia for over 10 years. In 2008, she was forced to leave the country, as she was at risk of being politically persecuted. In 2012, she moved to Argentina, where she co-founded Migrants and Colombian Exiles for Peace Collective (MECoPa), a non-profit and refugee-led organisation made up of Colombian refugees living in Argentina, and the Network of Colombian Victims for Peace in Latin America and the Caribbean (REVICPAZ-LAC).

The Colombian Collective of Migrants and Exiled Persons for Peace [Colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la paz (MECoPa)] forms part of the Network of Colombian Victims for Peace in Latin America and the Caribbean [Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe (REVICPAZ-LAC)], a process and structure made up of local organisations established by Colombian victims of serious violations of human rights and of international humanitarian law in 11 countries throughout the region, from Mexico to Argentina, working for peace in Colombia, for the right to memory, truth and justice for forced migrants and for the rights of people in need of protection in the region.